FISCALIA NO DEBE DILATAR INICIO DE INVESTIGACIÓN POR ACOSO CONTRA TRABAJADORA EN ICA EXHORTA LA DEFENSORIA DEL PUEBLO.
• Han pasado cerca de diez meses y caso continúa en etapa de calificación a nivel fiscal, aumentando la condición de vulnerabilidad de la víctima.
La oficina de la Defensoría del Pueblo en Ica demandó al Ministerio Público iniciar investigación inmediata frente al caso de presunto acoso sexual cometido al interior de la sede de la Contraloría General de la República en esta región contra una trabajadora de la entidad, el mismo que continúa paralizado pese a haber transcurrido cerca de diez meses desde que se denunció el hecho.
De acuerdo a la denuncia, el presunto autor sería uno de los choferes de la entidad quien, al parecer, habría enviado imágenes con contenido sexual al teléfono celular de la víctima. El hecho más grave, sin embargo, ocurrió en mayo del año pasado cuando el vehículo que era utilizado por el chofer para transportar a la trabajadora a su centro de labores fue desviado de la ruta habitual, con el fin de hacerle insinuaciones de tipo sexual.
Al conocer el caso, personal de la sede defensorial en Ica pidió a las instituciones involucradas activar los mecanismos de protección en los casos de violencia hacia las mujeres. En el caso de la Contraloría General de la República, se dispuso que la trabajadora realice trabajo remoto y se sancionó con la medida de destitución al conductor. Sin embargo, no ocurrió lo mismo en el ámbito penal, donde la denuncia permanece en manos de la fiscalía aun sin haber sido calificada.
En efecto, en marzo último, al consultar sobre el estado de la denuncia a la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Ica, la Oficina Defensorial de Ica obtuvo como respuesta que se encontraba en calificación desde el mes de enero. A raíz de ello, la sede defensorial dirigió un pedido a la fiscalía para el inicio de las investigaciones. Al no recibir respuesta a este pedido, el 30 de setiembre se pudo conocer que el caso aún continúa en calificación, lo que quiere decir que han transcurrido cerca de diez meses sin que se adopten medidas dirigidas a establecer la responsabilidad penal del autor de los hechos.
Ante esta situación, el jefe de la Oficina Defensorial de Ica, Jorge Hernández, expresó su rechazo a la demora por parte del Ministerio Público para el inicio de las investigaciones. “Desde la Defensoría del Pueblo observamos con gran preocupación cómo se viene desarrollando el caso puesto que, a pesar de que la denuncia policial se encuentra en el despacho fiscal desde enero último, hasta la fecha continúa sin que se califiquen los hechos lo que agrava la condición de vulnerabilidad de la víctima”, señaló en un documento dirigido a fiscal a cargo del caso, Yovanna Huamaní Echacaya.
Por otra parte, el representante de la Defensoría del Pueblo se refirió también a la obligación que tienen las instituciones en dar respuesta a los pedidos que formula la entidad. “Atender las solicitudes de la Defensoría del Pueblo no es un mero acto discrecional de las entidades supervisadas sino una obligación legal, por lo que su incumplimiento también conllevaría a una sanción administrativa y penal”.
